Los miembros de estos hogares deben de saltarse comidas o estar sin comer un día entero debido a la falta de recursos
Un nuevo estudio realizado por un grupo de investigadores peruanos ha identificado una relación directa y preocupante entre el trato social hacia los migrantes venezolanos y su nutrición: quienes sufren discriminación tienen una mayor probabilidad de padecer inseguridad alimentaria.
Específicamente, las familias venezolanas cuyos jefes de familia ha sufrido discriminación, tienen un 29% más de probabilidad de no tener alimentos suficientes en comparación con aquellas que no han vivido esta experiencia.
De acuerdo con las Naciones Unidas, la inseguridad alimentaria es definida como la falta de acceso a alimentos suficientes y nutritivos para satisfacer las necesidades diarias. En la práctica, esto significa saltarse comidas o que las personas pasen un día completo sin comer por falta de recursos.
Entre 2014 y 2021, aproximadamente el 30% de la población mundial experimentó inseguridad alimentaria. América Latina y el Caribe lideró esta problemática con la prevalencia más alta, alcanzando un 40.6%.
Este estudio, realizado por investigadores de la Universidad Científica del Sur y la Universidad San Ignacio de Loyola, reveló cifras alarmantes sobre la realidad que atraviesan las familias migrantes en nuestro país: el 39% de los hogares venezolanos presentó inseguridad alimentaria, mientras que un 35,6% de los jefes de hogar señalaron haber sido discriminados desde su llegada al Perú.
“Los resultados evidencian que la discriminación actúa como un determinante social que agrava la inseguridad alimentaria en hogares migrantes, más allá de las condiciones económicas individuales. Esto sugiere que el acceso a una alimentación adecuada está mediado por procesos de exclusión social estructural”, explica Diego Azañedo, docente investigador de la Universidad Científica del Sur y uno de los autores del estudio.
¿Qué hogares son los más afectados por la inseguridad alimentaria a causa de la discriminación?
De acuerdo con los hallazgos, no todos los migrantes sufren este impacto de forma homogénea. Algunos factores agudizan el rechazo social sufrido y la falta de alimentos.
Los hogares con mayor inseguridad alimentaria tienen como jefe de familia a una mujer (46,7%), pertenecen al nivel socioeconómico más bajo (52,6%), cuentan con educación secundaria (43,9%), y presentan mayor proporción de estatus migratorio irregular (49,3%). Además, residen principalmente fuera de Lima y Callao y tienen necesidades básicas insatisfechas en su vivienda.
¿Por qué la discriminación lleva al hambre?
Los autores señalan que la discriminación no solo tiene un impacto emocional en los migrantes venezolanos, sino que también crea barreras económicas al limitar el acceso a oportunidades educativas y laborales, como salarios justos, reduciendo así el presupuesto destinado para alimentación.
“El estudio revela que las barreras sociales y normativas que enfrentan los migrantes pueden traducirse en privaciones materiales concretas, como la falta de alimentos suficientes. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de políticas públicas de integración con un enfoque en equidad y salud pública”, añade Azañedo.
En nuestro país, el estudio resalta el efecto del Decreto Legislativo N° 689 y su regulación mediante el Decreto Supremo N° 014-92-TR, que limita la contratación de extranjeros al 20% del personal de una empresa, y restringe sus sueldos al 30% de la planilla total. Estas normas limitan las oportunidades de empleo formal para los migrantes y empujan a los migrantes hacia el sector informal, reduciendo así sus ingresos y su seguridad alimentaria.
Por último, la discriminación tiene repercusión en la salud mental de quienes la sufren, generando estrés psicosocial, depresión y aislamiento social, creando un ciclo que afecta la capacidad de las personas para buscar trabajo y mantener el bienestar individual y familiar. El resultado es un presupuesto reducido donde los alimentos básicos no pueden adquirirse, generando la inseguridad alimentaria que documenta el estudio.
¿Qué metodología se utilizó para elaborar el estudio?
La investigación analizó los datos de la “Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que Reside en el País” (ENPOVE) del año 2022, realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El estudio incluyó 3491 jefes de hogar venezolanos de ocho ciudades principales: Lima y Callao, Chimbote, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Tumbes, Ica y Piura, que concentran el 82,9% de hogares con residentes venezolanos.
La ENPOVE 2022 incluía preguntas específicas para medir tanto la inseguridad alimentaria como la discriminación. Para evaluar el acceso a alimentos, la encuesta incorporó la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), que mide la seguridad alimentaria en los últimos 30 días mediante ocho preguntas validadas internacionalmente. Para medir la discriminación, se incluyó una pregunta directa sobre si los jefes de hogar habían percibido discriminación desde su llegada al país.
Este estudio es pionero en evaluar esta asociación específica en la población venezolana en Perú, y proporciona evidencia concreta que las autoridades pueden usar para diseñar políticas públicas que aborden la problemática a nivel nacional y regional.
Un urgente llamado a la acción
Frente a esta problemática, los investigadores concluyen que es necesario implementar medidas con un enfoque multidisciplinario para reducir el porcentaje de hogares afectados. Entre ellas están la revisión de las leyes laborales, con el objetivo de reducir las barreras al empleo formal que empujan a los migrantes hacia la informalidad laboral. Además, recomiendan fortalecer el apoyo psicosocial mediante grupos de asistencia psicológica especializados para mitigar el impacto del rechazo social en la salud mental de las familias.
Por último, la educación en derechos también es fundamental, mediante campañas informativas sobre derechos de los migrantes y programas de sensibilización comunitaria que fomenten la integración y generen mayor empatía hacia esta población en la sociedad.
Este estudio, publicado en la revista Preventive Medicine Reports, fue realizado por las médicas cirujanas Darlene Rocha y Paola Velásquez, y los investigadores Diego Azañedo, de la Universidad Científica del Sur, y Akram Hernández Vásquez, de la Universidad San Ignacio de Loyola.
