Un reciente estudio demuestra que, aunque un mayor quintil de riqueza y educación materna reducen la anemia infantil, estos beneficios son menores para poblaciones indígenas y afroperuanas, evidenciando una brecha persistente.
La anemia en la infancia continúa siendo un desafío crítico de salud pública en el Perú. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) del periodo del 2017 al 2023, 2 de cada 5 bebés y niños menores de cinco años tienen anemia en el Perú. Este trastorno nutricional afecta no solo su crecimiento físico, sino también su desarrollo cognitivo y emocional, con consecuencias que pueden extenderse hasta la adultez, condicionando su desempeño escolar y oportunidades en el futuro.
Un reciente estudio realizado por investigadores peruanos y publicado en la revista científica The Lancet Regional Health – Americas revela que el incremento del nivel socioeconómico —a través de los quintiles de riqueza o la educación materna— se asocia con una menor prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses (casi cinco años). Sin embargo, este efecto no es igual para todos: los beneficios son significativamente menores en hogares de madres indígenas y afroperuanos.
“El grupo de personas identificadas como mestizas mostró una reducción del 54% en la probabilidad de anemia infantil cuando las madres pertenecían al grupo de mayor riqueza comparado con el de menor riqueza. En el caso del grupo indígena, solo del 37%”, explica el médico Diego Urrunaga, docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur y coautor del estudio.
“Asimismo, los hijos de madres con educación superior, comparados con aquellas con educación primaria o menor, reducen su probabilidad de anemia infantil en un 37% en el grupo mestizo, 30% en el afroperuano y 18% en el indígena, en línea con la teoría de retornos disminuidos por marginalización. Además, los resultados son consistentes al analizar años de estudio: por cada año adicional de educación materna, la probabilidad de anemia disminuye aproximadamente 5% en mestizos, 3% en afroperuanos y 2% en indígenas”, señala el investigador.
Estos hallazgos confirman lo que los investigadores denominan “retornos disminuidos por marginalización” para ciertos grupos étnicos. En otras palabras, los beneficios de tener mayor educación o más ingresos no se traducen en mejoras proporcionales de salud para todos por igual.
¿Cómo se realizó el estudio?
El análisis utilizó información de 234 364 madres y sus hijos, obtenida de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) entre 2017 y 2023. Se organizaron tres grupos étnicos de acuerdo con su autorreporte: mestizos, indígenas (quechuas, aimaras y originarios amazónicos) y afroperuanos.
Para definir anemia, el estudio consideró los parámetros de la OMS: niveles de hemoglobina inferiores a 11 gramos por decilitro (g/dl) en niños menores de cinco años, ajustados por altitud. A nivel socioeconómico, se consideraron tres factores clave: índice de riqueza del hogar, nivel educativo de la madre y años de estudio de la madre.
Detrás de las cifras: barreras estructurales, culturales y de acceso
¿Por qué sucede esto? De acuerdo con Urrunaga, las causas son múltiples, y tienen raíces profundas. Parte de la brecha se explica por condiciones que no afectan por igual a todos los grupos: barreras geográficas y económicas para llegar a servicios, calidad desigual de la educación y exclusión social, entre otras. Estas diferencias de exposición hacen que algunos niños estén más expuestos a determinantes para la anemia que otros.
Las barreras culturales y la desconfianza hacia el sistema de salud también desempeñan un rol central. “Muchas madres indígenas pueden tener una menor adherencia a los tratamientos o intervenciones porque no se sienten representadas o respetadas en su identidad cultural. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las recomendaciones alimenticias no se ajustan a la realidad de sus regiones”, señala el investigador.
Además, la discriminación estructural, el racismo y la falta de personal capacitado en interculturalidad agravan el problema. “En muchos casos, estas comunidades no solo enfrentan menos acceso, sino también menos calidad en la atención”, advierte.
Aun cuando las familias logran mayor educación o ingresos, ese mismo recurso produce menor efecto protector en salud para poblaciones indígenas que para mestizas; es decir, los beneficios “rinden menos” por barreras estructurales y discriminación.
El rol de las familias y del primer nivel de atención
Aunque el papel del Estado es clave, el estudio también reconoce la importancia del entorno familiar. “Las familias son un pilar fundamental en la prevención y manejo de la anemia. Por eso, las estrategias deben estar dirigidas a ellas, pero de manera integral: con soporte nutricional, educativo y psicológico”, señala Urrunaga.
Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer el primer nivel de atención en salud, es decir, las postas y centros de salud que brindan los primeros cuidados. “Estos espacios son vitales para hacer seguimiento y brindar orientación. Sin embargo, muchas veces carecen de personal especializado, como nutricionistas, lo que limita las intervenciones”, advierte.
Políticas públicas con enfoque intercultural
El estudio ofrece una serie de recomendaciones para los tomadores de decisiones. Entre ellas, destaca la urgencia de adaptar las políticas públicas y las estrategias de lucha contra la anemia para que respondan a las características de cada comunidad. Esto incluye:
- Capacitar al personal de salud en enfoque intercultural.
- Diseñar campañas de comunicación culturalmente pertinentes.
- Involucrar a lideresas y líderes comunitarios y agentes locales en la difusión de información.
- Asegurar el abastecimiento de alimentos ricos en hierro en las distintas regiones del país.
- Promover la articulación entre la medicina occidental y las prácticas tradicionales.
“El objetivo no es solo reducir la anemia en términos porcentuales, sino hacerlo de forma equitativa. No podemos seguir permitiendo que el origen étnico determine las probabilidades de un niño de crecer sano”, concluye Urrunaga.
En el estudio también participaron Ali Al-kassab-Córdova de la Universidad San Ignacio de Loyola; Claudio Intimayta, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Pamela Robles-Valcarcel, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; y Baltica Cabieses, de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad de York.
