Un nuevo derrame de petróleo afectó al Perú esta semana en la provincia de Talara (Piura). A raíz de este, cuatro playas han sido afectadas y dos delfines han sido reportados como muertos por pobladores de la zona. Animales como tortugas, cangrejos, pulpos y otras especies han sido cubiertas de crudo, al igual que la mayoría de las rocas donde crece el percebe, una especie marina característica de la zona.
Pero este no es el primer derrame que afecta a nuestro país. Hace un par de años, el derrame en la refinería La Pampilla, operada por Repsol, impactó en la población local, los ecosistemas marinos y la economía. Los efectos se reportaron en más de 90 sitios (playas, acantilados, puntas, etc.) de la costa peruana y dos reservas naturales protegidas.
Frente a esta situación, investigadores de la Universidad Científica del Sur y de otras universidades, se reunieron en el «Encuentro científico – Derrame de hidrocarburos: Soluciones desde la academia», que contó con la participación de más de 30 especialistas de instituciones públicas y privadas, las cuales reunieron en una publicación. En ella, identificaron ocho acciones clave a implementar frente a los derrames de petróleo:
1. Aprobar un nuevo Plan Nacional de Contingencia para la Prevención, Control y Combate de Derrames de Hidrocarburos (PNC) generados por actividades en el entorno acuático.
El actual plan tiene más de 30 años de antigüedad (Decreto Supremo 051-DE/MGP, 1993) y no refleja los avances tecnológicos, normativos y las lecciones aprendidas de incidentes recientes. Este nuevo plan debe mejorar la coordinación, asignación de roles y estrategias de respuesta, incluyendo medidas específicas para ecosistemas terrestres y cuerpos de agua continentales no navegables, que actualmente carecen de regulaciones adecuadas. Aunque en febrero de 2024 se presentó un proyecto de decreto supremo para actualizar el PNC, su aprobación sigue pendiente, lo que subraya la urgencia de implementar este reglamento.
2.Revisar los estudios de riesgo y los planes de contingencia de las empresas operadoras.
Es crucial alinear políticas nacionales, acuerdos internacionales y medidas empresariales para la gestión de derrames de hidrocarburos. Un Plan de Contingencia (OSCP) debe incluir evaluación de riesgos, políticas claras y una línea base ambiental completa que permita respuestas rápidas y efectivas, incluyendo centros de rescate de fauna.
Los planes evaluados por Osinergmin y la Autoridad Marítima Nacional deben revisarse para cubrir vacíos, apoyándose en reportes técnicos que integren lecciones aprendidas. También se necesitan normas más estrictas para fiscalizar acciones mediante simulacros preoperacionales, garantizando su eficacia antes de otorgar permisos. Además, el artículo 66-A del Decreto Supremo 005-2021-EM establece la inclusión de medidas de rescate de fauna como parte de la respuesta inicial.
3. Reestructurar la normativa de regulación, supervisión y fiscalización considerando experiencias nacionales e internacionales.
La revisión de la normativa ambiental en la extracción de hidrocarburos es esencial para mejorar la respuesta a derrames. Se recomienda reformar la legislación para facilitar la declaratoria de emergencias, fortalecer la fiscalización del OEFA y coordinar mejor con Indeci y gobiernos locales. Los planes de contingencia deben incluir contactos de empresas de apoyo, insumos aprobados, kits de control según el riesgo de cada operadora y simulacros obligatorios con todo el personal. Además, es clave adoptar buenas prácticas internacionales como las guías de IPIECA y garantizar mecanismos legales que aseguren el pago a empresas remediadoras mediante seguros con coberturas claras.
La normativa debe ser coherente con los riesgos y evitar desequilibrios entre exigencias legales y medidas de contingencia, priorizando supervisiones educativas. También es crucial fomentar la participación ciudadana en el monitoreo posderrames, como lo demuestran casos exitosos en el golfo de México (2010) y California (2015), donde comunidades y grupos ambientalistas ayudaron a identificar impactos y alertar a las autoridades.
4. Crear fondos ágiles y específicos.
Las acciones de contingencia por derrames de petróleo requieren inversiones millonarias que no siempre están disponibles de inmediato. Es crucial establecer un fondo de emergencia para implementar planes, remediar áreas afectadas, modernizar equipos y crear centros de rescate para fauna silvestre, como evidenció el derrame de 2022. En Perú, la normativa no regula un fondo específico, y propuestas como la del Proyecto de Ley 4173/2022-CR no se incorporaron en la Ley 32106.
Estos fondos podrían financiarse con aportes de la industria, regalías, impuestos, multas o fondos internacionales de indemnización y deben garantizar una respuesta rápida y eficaz ante emergencias.
5. Potenciar la cultura de prevención, transparencia de información y capacitación.
La cultura de prevención en la industria petrolera ha crecido en las últimas décadas, impulsada por beneficios económicos y normativas que exigen capacitaciones constantes. Estas medidas deben complementarse con campañas informativas para comunidades cercanas a las actividades extractivas, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante derrames y mitigando impactos psicológicos. La transparencia en la comunicación, basada en datos fiables, y la capacitación en denuncia de incidentes y normativa ambiental, son esenciales para optimizar la gestión de emergencias.
Además, universidades y ONG pueden contribuir con asesorías y talleres, promoviendo la vigilancia comunitaria a largo plazo y fortaleciendo la implementación de políticas de prevención y remediación.
6. Acreditar adecuadamente a las empresas remediadoras
La acreditación de empresas remediadoras de hidrocarburos en Perú se gestiona mediante el Registro Nacional de Consultoras Ambientales (RNCA) del Senace. Aunque este registro incluye entidades autorizadas para labores ambientales y de remediación, existen limitaciones en la supervisión de la calidad de sus servicios. Informes han señalado la falta de supervisión en contrataciones para la remediación en la Amazonía, evidenciando la necesidad de regulaciones más estrictas y estándares de acreditación más sólidos. Profonanpe administra fondos para remediación y colabora para garantizar trabajos eficientes y transparentes, resaltando la importancia de una base de datos actualizada de empresas remediadoras.
7. Tipificar el derrame de hidrocarburos como desastre
En Perú, los derrames de hidrocarburos son considerados emergencias ambientales, no desastres, lo que limita la rapidez en la movilización de recursos y la respuesta coordinada, como se evidenció en el derrame de La Pampilla (2022). Aunque la Ley 28804 regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, su aplicación depende de criterios específicos de gravedad. Reconocer los derrames como desastres dentro del Sinagerd permitiría una respuesta más ágil y efectiva entre sectores.
8.Fortalecer la supervisión en zonas críticas y los sistemas de teledetección
Ampliar la presencia de autoridades en zonas críticas de derrames de hidrocarburos, capacitar más inspectores y crear unidades de respuesta rápida mejoraría la prevención y reduciría tiempos de respuesta. Además, coordinar acciones entre la Policía, Dicapi, el Ministerio Público y el de Defensa ayudaría a identificar y sancionar a quienes dañen instalaciones de hidrocarburos.
Los derrames de petróleo representan uno de los desafíos ambientales más graves de nuestra época, pero también una oportunidad para que la ciencia, la tecnología y la sociedad trabajen en conjunto. Adoptar soluciones basadas en la investigación científica y en el desarrollo de políticas robustas no solo permitirá mitigar los impactos inmediatos de estos incidentes, sino también prevenirlos en el futuro.
El fortalecimiento de marcos normativos, la implementación de tecnologías innovadoras para la remediación, y el empoderamiento de las comunidades afectadas son pasos clave hacia una gestión más eficiente y sostenible. Este enfoque integral no solo protege el ambiente y la biodiversidad, sino que también promueve la resiliencia y la justicia social en las regiones más vulnerables.
