Nuevo decreto da un periodo de dos años para la formalización de esta práctica, pero el jefe del Laboratorio de Investigación en Cultivos Marinos de la Universidad Científica del Sur asegura que no soluciona el problema de fondo: “Se está formalizando lo que ya era informal”.
La reciente publicación del Decreto Supremo N.° 024-2025-PRODUCE, que modifica el Reglamento de Ordenamiento Pesquero (ROP) de las macroalgas marinas, ha reabierto el debate sobre uno de los problemas más persistentes del sector: la extracción informal y poco visible de este recurso a lo largo de la costa peruana. Para el biólogo marino e investigador de la Universidad Científica del Sur, Paul Martin Baltazar Guerrero, especialista en recursos algales, la norma representa un intento del Estado por ordenar una actividad que, en la práctica, ha operado durante años fuera de control efectivo.
“La realidad es que gran parte de la actividad alguera no se registra. Las cifras oficiales no reflejan lo que realmente se extrae”, advierte. Según explica, la recolección de macroalgas podría ser tres o cuatro veces mayor a la que aparece en las estadísticas del Ministerio de la Producción, debido a múltiples puntos de desembarque y procesamiento que operan sin supervisión.
Formalizar lo informal: ¿solución o riesgo?
Uno de los ejes centrales del decreto es el proceso de adecuación de licencias artesanales a industriales, que otorga un plazo de 24 meses a aquellas plantas que, aunque registradas como artesanales, realizan procesos propios de una operación industrial.
Para Baltazar, la medida tiene un precedente conocido. “Esto se parece mucho a lo que pasó con el Reinfo en la minería. Se está formalizando lo que ya era informal”, señala. Si bien reconoce que visibilizar la actividad puede ayudar a mejorar el control, advierte que el riesgo está en legalizar prácticas sin cambiar realmente las condiciones de fiscalización.
“El problema no es la licencia. El problema es si el Estado va a tener capacidad para supervisar. ¿Tenemos suficientes inspectores para toda la costa sur? Yo lo veo bien difícil”, cuestiona.
Extracción ilegal: un problema estructural
Según el especialista, diferenciar entre macroalgas extraídas legalmente y aquellas provenientes de prácticas ilegales sigue siendo uno de los mayores desafíos. El ROP reconoce modalidades como la extracción pasiva, cuando las algas se desprenden naturalmente y varan en la orilla, pero en la práctica existen múltiples métodos ilegales.
“Hay buzos que cortan las algas desde la base para que luego se varíen, otros las amarran con cabos y las jalan desde el fondo. Eso ocurre a lo largo de toda la costa sur”, explica. Estas prácticas dañan las praderas marinas y aceleran su degradación, en un contexto donde la vigilancia en playa es limitada.
Para Baltazar, la norma no resolverá por sí sola este problema. “No tenemos guardianes a lo largo de toda la costa. Al final, mucho depende de la voluntad del extractor, y eso requiere educación, capacitación y alternativas económicas reales”.
Plantas, trazabilidad y concentración del mercado
El decreto también refuerza los controles de procedencia y establece la obligatoriedad de un Certificado de Procedencia para garantizar el origen legal de las macroalgas. No obstante, el especialista advierte que el mercado sigue altamente concentrado.
“El pequeño extractor casi nunca tiene planta propia. Él seca el alga y se la vende al intermediario, que es quien la pica, la muele y la exporta”, explica. En ese contexto, la formalización podría beneficiar principalmente a quienes ya tienen poder económico, dejando fuera a extractores que no cuentan con capital para adecuarse.
Incluso, alerta sobre posibles mecanismos de simulación: “Puede pasar que el pescador figure como dueño de la planta, pero detrás haya un inversionista que realmente controla el negocio. Eso ya ocurre en otros sectores”.
Exportar sin industrializar
Según cifras de PRODUCE, entre 2022 y 2024, la extracción de macroalgas de ambientes naturales cayó con fuerza: 50,896 t (2022), 34,340 t (2023) y 23,194 t (2024), lo que podría reflejar presión e impacto en las poblaciones naturales. Aun así, la Sunat reportó que en 2024 el Perú exportó 24,536 t por US$ 21.5 millones, con China como destino casi exclusivo (95.5%). “La contradicción es clara: crece el negocio exportador, pero sale casi todo en estado natural, sin industrialización”, subraya Paul Baltazar.
Esto limita el valor agregado, el empleo formal y el desarrollo regional. “Otros países usan las macroalgas para la industria farmacéutica, cosmética, alimentaria, agrícola, entre otros. Acá seguimos vendiendo materia prima”, señala. A su juicio, el país está desaprovechando un recurso estratégico en un contexto de cambio climático y crisis alimentaria.
Comunidades que sí cuidan el recurso
Pese al escenario crítico, Baltazar destaca que existen comunidades algueras que manejan el recurso de forma responsable, especialmente en zonas como San Juan de Marcona, Pisco y Paracas. “Hay algueros y algueras que no extraen cuando el alga está en etapa reproductiva. Ellos cuidan las praderas porque saben que de eso depende su futuro”, relata.
Sin embargo, este conocimiento local no está plenamente incorporado en la normativa. “Si queremos que esto funcione, el Estado tiene que dialogar más con las comunidades que sí protegen el recurso”, enfatiza.
Para el especialista, el nuevo marco normativo puede ayudar a transparentar parte de la cadena, pero no garantiza, por sí solo, el fin de la extracción invisible. “Si no se refuerza la fiscalización, si no se mejora la información real sobre cuánto se extrae y si no se apuesta por una industria nacional de macroalgas, el problema va a continuar”, concluye.
Un trabajo desde dentro
Desde la academia, Paul Baltazar también ha impulsado alternativas concretas para romper la lógica extractiva. Como líder del equipo del Laboratorio de Investigación en Cultivos Marinos (LICMA) en la Universidad Científica del Sur, ha participado en el desarrollo de productos innovadores a partir de macroalgas, orientados a la agricultura, la alimentación y aplicaciones nutracéuticas.
Estos trabajos incluyen investigaciones en biofertilizantes, ingredientes funcionales y usos tecnológicos del recurso, varios de ellos con patentes en proceso de transferencia hacia el sector productivo.
Sin embargo, el investigador advierte que la falta de una política clara de fomento a la industria alguera limita estas iniciativas. “En otros países se apuesta fuerte por la innovación con macroalgas. Aquí todavía no logramos articular universidad, Estado y empresa para que ese conocimiento se traduzca en desarrollo”, señala.
La norma abre una oportunidad, pero también deja en evidencia una pregunta de fondo: ¿el Perú está dispuesto a pasar de la simple formalización administrativa a un verdadero modelo de gestión sostenible y justa de sus macroalgas marinas?
