Investigadores afirman que esta actividad extractiva a gran escala podría tener un impacto ambiental negativo en el ecosistema.
El pasado 11 de junio, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) apeló la decisión del Poder Judicial que ratifica la prohibición de la pesca a gran escala en áreas protegidas. Al respecto, diversos especialistas se han expresado en contra de esta iniciativa debido a las consecuencias sobre la biodiversidad del mar peruano.
“Tomar a la ligera, minimizar o ignorar los impactos ambientales no genera ningún beneficio, por el contrario, genera un desentendimiento de la sociedad y los recursos que permiten nuestra subsistencia”, afirman expertos de la Universidad Científica del Sur y de la ONG Oceana en el editorial de la última edición de la revista South Sustainability.
En este pronunciamiento los científicos Héctor Aponte, biólogo y docente investigador de la Universidad Científica del Sur, Antony Apeño, biólogo docente de la misma universidad y miembro de la ONG Cooperacción, y Juan Carlos Riveros, de la ONG Oceana, alertan que la principal consecuencia es la alteración de la biodiversidad, la estructura de edad y tamaño de las especies y la abundancia de presas y depredadores.
Asimismo, la pesca industrial no controlada podría generar competencia por alimento, la destrucción o fragmentación de hábitats y la sobreexplotación de recursos.
“Desde este espacio, instamos a las autoridades a velar por un cuidado y protección más efectivos de nuestros ecosistemas, evitando legitimar su destrucción con argumentos legales”, señalan los especialistas.
En el Perú existen un total de 77 Áreas Naturales Protegidas que albergan a de miles de especies. Estas zonas abarcan ecosistemas terrestres y marinos, y se clasifican en 10 categorías. Las actividades en el área se regulan según la clasificación otorgada, convirtiendo al lugar en un espacio que no solo garantiza la sobrevivencia de las especies, sino que permite desarrollar educación y generar conocimiento a través de prácticas sostenibles.
Siete de las áreas protegidas incluyen ecosistemas marinos. Entre ellas se encuentran la Reserva Nacional Dorsal de Nazca y la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, las únicas conformadas únicamente por mar. La creación de ambas zonas fue motivada por la necesidad de proteger la diversidad biológica y regular las actividades extractivas artesanales. Asimismo, busca reducir la mortandad de cetáceos, tortugas marinas, aves marinas, tiburones y rayas amenazadas.
Las actividades extractivas pesqueras a gran escala en esta área están permitidas, según el decreto supremo 008-2021 del Minam, y son valiosas para la obtención de recursos a diferentes niveles y grupos sociales. Sin embargo, los autores explican que esta actividad se contradice con lo que indica el artículo 112 del Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas del Sernanp, que establece la prohibición de la extracción a gran escala, ya sea marina o continental dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cualquiera sea su nivel.
“Cualquier actividad pesquera genera alteraciones en la biodiversidad, con repercusiones a diferentes niveles de la red trófica, estructura de edad y tamaño de las poblaciones, y en la abundancia de las presas y depredadores. La pesca industrial, sobre todo cuando no tiene un control adecuado, podría generar también competencia por alimento, destrucción y fragmentación de hábitats, y sobre explotación de recursos”, señalan los autores.
De acuerdo con los científicos, en los últimos años se ha observado un incremento del esfuerzo pesquero. Esto significa que la actividad se está volviendo cada vez más frecuente, lo que pone en riesgo a las especies que habitan no solo en la zona donde se desarrolla la pesca, sino también en los alrededores.
Por otro lado, los científicos afirman que la autorización de la actividad industrial en zonas reservadas genera consecuencias a nivel internacional; una de ellas es la pérdida de reconocimiento como área natural protegida por organismos como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), ya que esta institución no reconoce las ANP’s donde se ejecuten actividades a escala industrial.
Los autores concuerdan en que si esta distinción se perdiera, el Perú no estaría en condiciones de cumplir las metas del Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework adoptadas a finales de 2022. Estas metas establecen que los países dentro del acuerdo deberán proteger de manera efectiva el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos del planeta al año 2030.
Finalmente, los científicos comentan que no se está solicitando el paro de las actividades productivas, al contrario, consideran que son importantes. Sin embargo, resaltan que estas no deben desarrollarse poniendo en riesgo la vida de las especies, la integridad de sus ecosistemas y los servicios ecosistémicos de los cuales los seres humanos dependen. Para ello, demandan la implementación de regulaciones más estrictas y una gestión más activa que permita el monitoreo constante del ecosistema.
