Cada día, 12 niñas entre 10 y 14 años quedan embarazadas en el país, como consecuencia de abuso sexual
San Juan de Lurigancho es conocido por ser el distrito más poblado del país. Sin embargo, detrás de sus calles y asentamientos, otro dato lo marca: es uno de los territorios con mayor número de niñas y adolescentes que quedan embarazadas y se convierten en madres en Lima Metropolitana, aunque sus tasas no sean las más altas del país. El embarazo adolescente, ligado a la violencia sexual, se ha convertido en un problema estructural que atraviesa hogares y servicios públicos, mostrando que esta crisis no es exclusiva de las zonas rurales.
De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2024), el 8,4% de adolescentes entre 15 y 19 años en el Perú ya eran madres o estaban embarazadas por primera vez, tres de cada cuatro no fueron planificados. En Lima Metropolitana, esa cifra representó 5 872 nacidos vivos en madres adolescentes durante 2024, habiendo sido 5 110 en el 2023. San Juan de Lurigancho se consolidó como el distrito con el mayor número de partos en adolescentes (15 a 19 años) de todo el Perú, registrando 779 nacidos vivos. Esta cifra representa un incremento crítico de 113 casos respecto al año anterior, lo que equivale a un aumento del 17% en solo doce meses.
El distrito rompe con el imaginario de que este problema se concentra únicamente en las zonas rurales, o de la selva: la violencia sexual y el embarazo en niñas y adolescentes también se manifiestan en los espacios urbanos, especialmente en aquellos con alta densidad poblacional, pobreza y servicios de salud saturados.
“Una adolescente que tiene un hijo y además es pobre tendrá muchas menos posibilidades de estudiar educación superior, porque debería tener al menos 10 años de calidad educativa previamente”, advierte el investigador titular de la Universidad Científica del Sur, Walter Mendoza.
Más allá de los números
Las cifras nacionales son contundentes. Cada día, 12 niñas de entre 10 y 14 años quedan embarazadas en el Perú, la mayoría como resultado de abuso sexual. El Ministerio de Salud reportó que, entre enero y octubre de 2024, 10 908 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en sus establecimientos. La Defensoría del Pueblo, por su parte, contabilizó más de 46 000 denuncias de violencia contra personas menores de edad en ese mismo periodo, de las cuales 16 447 correspondieron a violencia sexual.
En los casos de niñas menores de 14 años, los embarazos no pueden considerarse voluntarios. En San Juan de Lurigancho, esta realidad es alarmante: durante 2024, el
distrito registró 33 nacidos vivos de madres niñas de entre 10 y 14 años. Este volumen de casos sitúa al distrito como el segundo con mayor incidencia de maternidad infantil a nivel nacional, solo superado por Yarinacocha en Ucayali. Respecto a 2023, el número de niñas forzadas a la maternidad en el distrito aumentó en un 37,5%
“Estamos hablando de violencia sexual sistemática. Muchas veces el embarazo es la prueba visible de una agresión que ya llevaba tiempo ocurriendo”, explica Elisa Juárez Chávez, médica y especialista en salud sexual y reproductiva y docente de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur.
Violencia normalizada
En distritos como San Juan de Lurigancho, la violencia sexual está atravesada por dinámicas sociales que la normalizan. “La densidad poblacional y el hacinamiento generan condiciones de vulnerabilidad: menos acceso a anticonceptivos, hospitales sobrecargados y ausencia de educación sexual integral. La violencia de género atraviesa también los espacios urbanos, no solo los rurales”, señala Shely Cabrera Loayza, abogada especialista en derechos sexuales y reproductivos del Movimiento Manuela Ramos.
Ambas expertas coinciden en que el embarazo adolescente es el resultado de múltiples factores: desigualdad de género, violencia en el hogar, carencia de servicios de salud accesibles y un sistema educativo que no garantiza una educación sexual integral.
En la práctica, tres de cada diez adolescentes unidas no usan métodos anticonceptivos. Las razones van más allá del acceso físico: muchas jóvenes evitan acudir a los centros de salud por temor a ser juzgadas o maltratadas. “El estigma funciona como una barrera tan efectiva como la falta de insumos”, afirma Cabrera.
Barreras en salud y justicia
El Estado peruano cuenta con normativas que garantizan la atención en casos de violencia sexual, incluyendo la provisión de un kit de emergencia con anticonceptivos, antibióticos y retrovirales. Sin embargo, en la práctica el acceso está plagado de obstáculos.
“Hay desabastecimiento, desconocimiento de protocolos y criterios discrecionales de los profesionales de salud, que deciden si corresponde o no entregar la anticoncepción de emergencia según su propia valoración del caso”, denuncia Juárez.
En justicia, los procesos suelen ser revictimizantes: múltiples declaraciones, falta de personal capacitado y demoras que impiden recolectar pruebas a tiempo. El resultado es que la mayoría de los agresores permanece impune.
Consecuencias que marcan vidas
El impacto de un embarazo en la adolescencia trasciende el momento del parto. Según la ENDES, el 55,3% de adolescentes que alguna vez estuvieron embarazadas dejaron de estudiar por embarazo o matrimonio.
Los hijos e hijas de madres adolescentes también enfrentan riesgos: abandono paterno, menos cuidados por la inexperiencia de las madres y la falta de recursos, y crecimiento en entornos marcados por la pobreza. Así, el ciclo de desigualdad y violencia tiende a perpetuarse.
El rostro de SJL
En San Juan de Lurigancho, la magnitud poblacional amplifica estas dinámicas. Con cerca de 1,3 millones de habitantes, el distrito concentra tanto la densidad de casos como las limitaciones del sistema de respuesta. La precariedad de los servicios de salud, la falta de oferta educativa suficiente y la escasez de espacios seguros para adolescentes convierten a SJL en un microcosmos de la crisis nacional.
“No se trata solo de cifras. Hablamos de adolescentes con proyectos de vida interrumpidos, que asumen responsabilidades prematuras sin las herramientas necesarias. Y hablamos también de un Estado que, hasta ahora, no garantiza sus derechos”, sostiene Cabrera.
¿Qué se puede hacer?
Las especialistas plantean medidas urgentes que deben implementarse en distritos como SJL y en todo el país:
– Implementar Educación Sexual Integral en todos los colegios, con recursos pedagógicos adecuados y formación docente.
– Garantizar anticonceptivos y kits de emergencia en centros de salud, sin estigmas ni discrecionalidad en su entrega.
– Capacitar a prestadores de salud y operadores de justicia en enfoque de género y derechos humanos para evitar la revictimización.
– Articular salud, justicia y educación para responder de manera integral a cada caso de violencia sexual.
– Fortalecer campañas comunitarias en San Juan de Lurigancho, para visibilizar derechos, romper estigmas y generar redes locales de apoyo.
El embarazo adolescente no puede ser visto como un “fenómeno normal”. Cada caso refleja una vulneración de derechos que compromete la vida, la salud y el futuro de las adolescentes. En San Juan de Lurigancho, la magnitud del distrito hace que este problema se sienta con más fuerza, recordándonos que la crisis es también urbana, cercana y cotidiana.
El reto, según Juárez, es claro: “Si seguimos tratando el embarazo en niñas y adolescentes como un dato más, lo único que hacemos es perpetuar el círculo de violencia y pobreza. Necesitamos políticas efectivas, con rostro humano, que pongan en el centro los derechos de las niñas y adolescentes”.
