En lo que va del 2026, más de 42 000 casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres han sido atendidos por el sistema estatal en el Perú. En ese mismo periodo, se han registrado al menos 59 tentativas de feminicidio y 42 feminicidios consumados, según los reportes oficiales más recientes.
En el Perú, cada día, seis adolescentes se convierten en madres. Y su plan de vida cambia y las familias de las menores deben de implementar todo un sistema de cuidados que les afecta social y económicamente. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2024, el número de niñas entre los 10 y 14 años que dieron a luz ha aumentado en un 50%, con más de 2000 casos ese año.
Un retrato de esta problemática es el distrito más poblado de Lima, San Juan de Lurigancho, que registra la mayor cantidad de nacidos vivos por niñas de 10 a 14 años con un total de 33. Para conocer más sobre esta realidad, Científica Divulga conversó con tres especialistas, que coinciden en que son necesarias reformas grandes para poder proteger a las niñas de abusos y de embarazos no deseados.
Una radiografía de la desigualdad
Más allá de lo que usualmente se piensa, las cifras de la ENDES 2024 muestran que el embarazo adolescente no es un fenómeno homogéneo. Tiene un rostro distinto según la geografía, la condición económica y el nivel educativo.
En Lima Metropolitana, solo el 3,5% de adolescentes está embarazada o es madre; pero en la Selva el porcentaje asciende a 19,3%, casi seis veces más. En el área rural, la cifra alcanza el 18,3%, frente al 6,1% en la urbana. Estos contrastes revelan que no todas las adolescentes cargan con el mismo riesgo: la pobreza, el abandono estatal y la falta de servicios básicos hacen que nacer en la Amazonía, en un caserío de la sierra o en un barrio periurbano sea una condición que marca el destino.
La educación es otro factor determinante. El 40,3% de las adolescentes con solo primaria alguna vez estuvieron embarazadas; mientras que entre quienes alcanzaron estudios superiores apenas llega al 3,8%. La desigualdad económica refuerza la brecha: en el sector más pobre de la sociedad peruana, 1 de cada 5 adolescentes es madre o está embarazada, mientras que, en el sector más rico, solo 1 de cada 50 lo son.
Walter Mendoza, especialista en salud pública e investigador titular de la Universidad Científica del Sur, lo sintetiza con crudeza: “En muchos casos, el embarazo de una niña marca la exclusión final de otras exclusiones. Un acceso precario a la educación, la falta de atención en salud, la violencia normalizada y la ausencia de redes de apoyo terminan por conducir la vida de muchas niñas a un callejón sin salida”.
Niñez arrebatada
Más allá de los porcentajes, hay un dato que hiela la sangre: 2,067 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en 2024, esos son casi 6 partos infantiles por día en el Perú. Doce de esos partos fueron en niñas de apenas 11 años.
En este grupo de edad, los embarazos son, en su mayoría, consecuencia directa de violencia sexual. “En niñas menores de 15 años no existe capacidad de consentimiento para relaciones sexuales. En la mayoría de estos embarazos estamos frente a violencia sexual, incluso si no hay forcejeo, porque suele haber una relación con hombres mayores de edad, donde existe una clara desigualdad de poder y decisión”, explica la médica y docente de la carrera de Medicina Humana de la Científica, Elisa Juárez.
Sin embargo, no todos los embarazos en adolescentes tienen como origen la violencia. Existe otra vertiente igualmente alarmante: la falta de prevención. La abogada feminista Shely Cabrera del Movimiento Manuela Ramos expone la situación: “La falta de implementación de la educación sexual integral, sumada a los intentos de sectores conservadores por limitar su alcance, perpetúa la desinformación y deja a miles de adolescentes sin herramientas para decidir sobre su cuerpo y su futuro”.
Instituciones que fallan
Las políticas públicas parecen escritas para un país distinto al que realmente existe. Sobre el papel, el Estado peruano cuenta con guías de atención integral para víctimas de violencia sexual. Estas establecen que una niña o adolescente debe recibir atención médica inmediata, anticoncepción oral de emergencia, medicamentos preventivos y acompañamiento psicológico. Pero en los hospitales y centros de salud, la realidad es otra.
Elisa Juárez lo describe desde su experiencia en terreno: “Muchos prestadores de salud deciden de forma subjetiva cuándo entregar anticoncepción de emergencia. Si consideran que fue una relación ‘consentida’, aunque se trate de una menor de edad, suelen negarla, retrasar la atención o dar métodos inadecuados. Incluso hay casos en los que los médicos no saben dónde se encuentra el insumo o derivan a la paciente a otra consulta al día siguiente, perdiendo la urgencia del caso”.
La falta de capacitación y el sesgo moral de los trabajadores de salud se convierten en una segunda agresión. Las adolescentes deben enfrentar interrogatorios, juicios de valor y desconfianza. Muchas no vuelven a pedir ayuda.
En el sistema judicial, la historia se repite. La abogada Cabrera nos advierte sobre la revictimización: “En comisarías y juzgados se obliga a las niñas a repetir su testimonio una y otra vez, se pone en duda su palabra y hasta se pretende responsabilizar a la madre. Hemos visto casos en los que profesionales recomiendan continuar con el embarazo para ‘probar’ la violencia en un juicio”.
Consecuencias que trascienden generaciones
El embarazo adolescente tiene un impacto que trasciende la niñez perdida. Según la ENDES 2024, más de la mitad de las adolescentes alguna vez embarazadas abandonó los estudios por su gestación o matrimonio. Detrás de esa cifra hay miles de aulas vacías y proyectos truncos.
El especialista Walter Mendoza lo resume: “Una adolescente que tiene un hijo y además es pobre tendrá muchas menos posibilidades de estudiar educación superior, porque debería tener al menos 10 años de calidad educativa previamente”.
La salud también sufre un impacto duradero. Los embarazos adolescentes registran altas tasas de partos prematuros (17,4%) y bebés con bajo peso (9%). En el caso de las niñas de 10 a 14 años, el riesgo es mayor: el 14,5% de los recién nacidos pesó menos de 2,5 kilos. Estas condiciones aumentan la mortalidad neonatal y las complicaciones obstétricas que ponen en peligro la vida de la madre y del bebé.
Pero las consecuencias no se detienen ahí. Juárez nos advierte: “Niñas que fueron madres muy probablemente tendrán hijas que también serán madres a temprana edad. Es un ciclo intergeneracional que refleja la ausencia del Estado y la normalización de la violencia”.
Cuando una adolescente deja el colegio, su inserción laboral futura queda restringida a empleos informales y mal pagados. El círculo de la pobreza se cierra, y muchas terminan dependiendo económicamente de sus parejas o familias, reproduciendo las mismas dinámicas de desigualdad que las llevaron a la maternidad temprana.
Este círculo, además, tiene una dimensión emocional. La maternidad forzada genera ansiedad, depresión y sentimiento de culpa. Muchas adolescentes viven en silencio la violencia doméstica o de pareja, atrapadas entre la falta de recursos y el miedo al estigma. Así, la herida se transmite no solo en lo económico, sino también en lo afectivo y psicológico: madres-niñas criando a otros niños en medio del abandono.
Una deuda de derechos humanos
A pesar de la magnitud del problema, el embarazo adolescente sigue siendo tratado como una cuestión privada o cultural, no como lo que realmente es: una violación sistemática de derechos humanos.
“Lamentablemente hemos tenido muchos comentarios desafortunados de políticos que asocian las violaciones sexuales en la selva con una cuestión cultural. Esto refleja la alarmante normalización de la violencia sexual que ha empujado la aceptación del embarazo adolescente”, denuncia la médica Elisa Juárez.
Esta deuda del Estado también se manifiesta en la forma en que se administra la protección de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. La narrativa del “error” o del “consentimiento” se repite en los discursos oficiales, en los medios y hasta en los hogares, mientras el Estado continúa ausente.
El especialista Mendoza insiste en que reconocer los factores estructurales es el primer paso para transformar la realidad: “Ninguna niña desea un embarazo ni un parto. En la mayoría de los casos, estos responden a situaciones de violencia sexual, por lo que el sistema de prevención y sanción a los perpetradores, que muchas veces están dentro del propio entorno familiar, debe ser mucho más efectivo.”
Mientras el país no asuma esta deuda moral y política, las cifras seguirán aumentando. Cada parto infantil registrado por la ENDES es una historia que evidencia un Estado que no ha sabido proteger a sus niñas ni garantizarles la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos.
¿Qué podemos hacer al respecto, según los especialistas?
Hablar de embarazo adolescente no puede quedarse en la denuncia. El reto es construir soluciones sostenibles que aborden las causas de raíz: la desigualdad, la violencia y el abandono institucional.
Los especialistas coinciden en tres pilares fundamentales:
Educación sexual integral y sin tabúes
La educación sexual no puede limitarse a biología ni a moral. Debe formar en derechos, consentimiento y prevención de violencias. “La educación sexual integral es fundamental para que las y los adolescentes sepan cuáles son sus derechos, cómo exigirlos y cómo defenderlos cuando se vulneran”, subraya Shely Cabrera.
Acceso real y libre de estigma a servicios de salud sexual y reproductiva
De nada sirve que el Estado ofrezca anticonceptivos si los profesionales de salud los niegan o juzgan a quien los solicita. Se requiere un cambio profundo en la cultura institucional: atención sin discriminación, con abastecimiento garantizado y acompañamiento psicológico para víctimas de violencia.
Justicia que escuche y repare
La impunidad en casos de abuso sexual infantil sigue siendo una constante. Sin sanción, el mensaje que se envía es que violar a una niña no tiene consecuencias. Urge fortalecer las unidades de investigación, capacitar a fiscales y jueces en enfoque de género, y garantizar que las víctimas no vuelvan a ser sometidas a la violencia del sistema.
Pero el cambio no depende solo del Estado. También involucra a las familias, a las escuelas, a los medios y a la ciudadanía. Romper el silencio y creerles a las niñas es un primer paso. Dejar de culparlas, exigir políticas efectivas y visibilizar la violencia que las atraviesa es responsabilidad colectiva, dicen los especialistas.
Como recuerda Cabrera: “Ser una persona en la que una víctima puede confiar, alguien que va a creerle, puede salvar vidas. Muchas veces lo que frena la denuncia es el miedo a no ser creída o a ser juzgada”.
